¿Empieza a funcionar la defensa judicial de la propiedad intelectual?

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Hace dos semanas hubo dos noticias esperanzadoras en lo que utor la protección de los derechos de propiedad intelectual se refiere: Por un lado, el juzgado de lo Mercantil 6 de Barcelona falló a favor de varios estudios de cine en la demanda interpuesta por éstos contra los prestadores de servicios de internet y, en segundo lugar, un Juzgado de Jaén autorizó el bloqueo de 23 webs que ofrecían acceso a diversos contenidos (películas y videojuegos fundamentalmente) sin autorización de los titulares.

En el primer caso, la sentencia ordena a Telefónica, Vodafone Ono, Orange y Xfera que bloqueen el acceso de sus usuarios a las páginas ilegales HDFull y Repelis, por considerar que dichas páginas dañan los derechos legítimos de las titulares de las películas y series y que se lucran ilícitamente a través de los ingresos publicitarios que generan. La sentencia incluye expresamente la obligación de las operadoras de bloquear también el acceso a cualquier otro dominio, subdominio o dirección IP cuyo propósito sea facilitar el acceso a los usuarios a las citadas páginas ilegales.

En el segundo, integrantes del grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, han debido implementar una serie de medidas tendentes a provocar un bloqueo total de las páginas que resultara eficaz y definitivo ya que, a menudo, los administradores de este tipo de páginas eluden los bloqueos.

Ambas noticias junto al anuncio recurrente de la Secretaría de Estado de Cultura, de las decisiones adoptadas por la Comisión de Propiedad intelectual bloqueando el acceso a varias páginas o la retirada de contenidos parecen indicar que la propiedad intelectual, por fin, se protege en nuestro país de forma adecuada.

Sin negar la mejoría evidente, España se encuentra aún lejos de la protección que países de nuestro entorno proporcionan a la propiedad intelectual; Portugal o Italia, sin ir más lejos, han cerrado o bloqueado más de 800 páginas en los últimos años mientras que en nuestro país apenas llegamos a unas decenas.

En la misma semana, los titulares de derechos de propiedad intelectual han tenido que conformarse con una sanción ridícula de 6 meses impuesta a una red integrada por más de 20 personas que duplicaba y distribuía CD’s y DVD’s piratas en toda España a través de los conocidos manteros. La sentencia, dictada “in voce” por conformidad, reduce las sanciones por “dilaciones indebidas de la administración de Justicia”, coletilla que aparece muchas más veces de lo deseable en este tipo de asuntos y limita la indemnización a 10.000 € para todos los perjudicados ¡cuando el número de CD’s y DVD’s pìratas intervenidos superaba los 50.000!

De igual forma, una denuncia presentada contra un distribuidor de contenidos piratas a través de Internet en octubre del año pasado con la que se aportaban evidencias de compra, listados de contenidos, etc., suponía esta misma semana un nuevo esfuerzo para los titulares citados a ratificar la misma al tiempo que se les requería para aportar pruebas adicionales sin que hasta el momento, el Juzgado haya admitido las pruebas solicitadas por denunciantes y sugeridas por la fuerza policial a fin de evidenciar el delito y que el sentido común recomienda: registrar el domicilio desde el que se realiza la distribución, monitorizar las comunicaciones, comprobar los ingresos bancarios, etc.

En definitiva, los infractores de la propiedad intelectual, administradores parásitos que obtienen sustanciosos beneficios explotando el esfuerzo ajeno invertido en la producción y realización de obras cinematográficas, videojuegos, libros o música, ven ampliamente protegidos sus derechos y pueden realizar su actividad durante años: Los ahora condenados que mencionaba reciben la condena 13 años después de su actividad y las páginas bloqueadas por la Guardia civil, llevan funcionando, al menos desde 2009 cuando los titulares presentaron la denuncia.

La decisión del Juzgado de lo mercantil proporciona un plazo más atractivo: la demanda reclamando el bloqueo de las dos páginas hdfull y repelis fue presentada a mediados de 2016. Además, obliga a los proveedores de acceso a realizar una labor pues son quienes se encuentran en la mejor posición para evitar este tipo de actividades vulneradoras en Internet.

En Europa, crece la demanda de una mayor implicación de estos operadores junto a los prestadores de otros servicios como los de alojamiento o publicidad a fin de que pueda construirse un Internet más responsable y transparente reduciendo la impunidad de la que parecen gozar quienes se aprovechan de estas nuevas tecnologías en beneficio propio exclusivamente y vulnerando los derechos de los demás.

Ojalá esta sentencia, abra las puertas de una protección más eficaz, y ágil -sobre todo- por parte de quienes aplican las leyes.

José Manuel Tourné Alegre

Abogado en ejercicio desde octubre 1984, Licenciado en Derecho por la universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Propiedad Intelectual e Investigador Mercantil.
Director General de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), Presidente de la Unión Videográfica Española (UVE) y consejero de la International Video Federation (IVF).

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