En voluntad política contra la piratería, la distancia puede ser sideral

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Apenas dos mil quinientos kilómetros separan a España y Dinamarca. Sin embargo, esa separación, que se puede recorrer en tres horas de avión, se transforma en una sideral distancia de años luz en lo que respecta a voluntad política contra la piratería en internet.

El Gobierno de Dinamarca y la asociación RettigheadsAlliancen (“Alianza de derechos”, una asociación que agrupa a titulares de derechos de propiedad intelectual, homóloga danesa de la Coalición) anunciaron la semana pasada la firma de un código de buenas prácticas para la promoción del contenido legal en internet, la protección de la propiedad intelectual y la lucha contra la piratería online.

La lista de empresas firmantes del acuerdo incluye a empresas como Microsoft, Google, Mastercard o Diners Club, además de titulares de derechos representados por la entidad Koda, y a los principales proveedores de servicios de internet (ISP) y operadores de telefonía, agrupados en Tele Industrien Group.

La iniciativa danesa, que se enmarca en la línea “follow the money” que ya han puesto en marcha otros gobiernos y que parece, por la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que podía preferir también el nuestro frente a la del bloqueo que promovíamos las industrias de contenidos, busca impedir los ingresos económicos de los sitios piratas mediante la colaboración entre los gigantes de internet, las empresas de publicidad y las compañías de pago online, con la mediación y supervisión del Ministerio de Cultura.

El acuerdo ha sido diseñado para hacer frente a los retos digitales en cinco cuestiones principales: hacer de internet una plataforma segura y legal para los consumidores y las empresas; subrayar que los derechos de propiedad intelectual son una importante piedra angular para el crecimiento y la innovación; reducir la delincuencia financiera basada en violaciones online de la propiedad intelectual; promover la difusión de los contenidos legales en internet; y aplicar procesos eficaces para reducir las violaciones de propiedad intelectual en la red y los crímenes asociados.

Ante la noticia, las industrias culturales y de contenidos en España no podemos sino subrayar la evidente diferencia de actitud y de voluntad política para hacer frente a la piratería que existe entre los responsables de Cultura de España, que es la quinta economía de la Unión Europea y en la que el sector cultural y de contenidos es absolutamente estratégico, y los de Dinamarca, que es la decimoquinta economía europea y con un peso mucho menor de este sector en su PIB.

Durante la larga tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual, las promesas de mejorar la situación que hacía Cultura se fiaron a la aprobación de la reforma, pero ya ha pasado casi medio año desde que entró en vigor y no parece avistarse nada nuevo en el horizonte. Ni la constante pérdida de puestos de trabajo, ni el grave debilitamiento del tejido industrial y cultural, ni la inhibición suculenta de ingresos para el Estado, parece hacer reaccionar a este organismo -la Sección Segunda- imbricado en la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para tutelar con eficacia y determinación los derechos cuya protección, a nivel administrativo, le han sido encomendados. Mientras tanto, otros países, a los que España podría servir de modelo, nos muestran cómo se pueden hacer las cosas. Enhorabuena, junto a italianos, ingleses… ahora, también, a los daneses.

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Carlota Navarrete Barreiro

Directora General de La Coalición de Creadores e industrias de contenidos. Ha sido la responsable de Relaciones Institucionales de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) durante siete años y anteriormente fue Directora para la consultora Análisis Estratégico Internacional y asesora en la secretaria de estado de asuntos europeos del gobierno de Tony Blair de 2002-2004.

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Publicado en: pirateria, propiedad intelectual

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